miércoles, 9 de septiembre de 2015

El lobby crucerista presiona a Colau

El Puerto de Barcelona publica su estudio

Se publica un estudio pagado por el Puerto de Barcelona


En plena polémica por la regulación del turismo al calor de la elección de las nuevas administraciones locales, sobre todo en Barcelona y Baleares, el Puerto de Barcelona, una institución nada imparcial, publica un estudio que había encargado a la medida a Jordi Suriñach, del desconocido hasta la fecha Laboratorio AQR de la Universidad de Barcelona.

Como es natural, todos los datos son positivos para el pagador y para la actividad crucerista y hacen hincapié en el gran impacto económico que los estos dejan en la ciudad, sobre todo los que embarcan y desembarcan en la ciudad por la pernoctación que, en algunos casos, tienen que hacer. A grandes rasgos todo es maravilloso: generan un gasto de casi 800 millones de euros al año, suponen una aportación de 413 millones al PIB catalán, 152 millones en impuestos y emplean el equivalente a 7.000 trabajadores a tiempo completo.

Por supuesto el presidente del Puerto, Sixto Cambre, se ha apresurado a afirmar que el estudio es de antes de la irrupción de Ada Colau y sus huestes y sus pretensiones de limitar el número de cruceros, que afirman tienen "efectos positivos para la ciudad pero no se pueden olvidar los impactos no analizados, como el retorno económico real en la ciudad (los ingresos que genera y como revierten), la contaminación de las estancias en el puerto, los derechos de los trabajadores o qué visitas y uso del espacio público hacen los visitantes y como afecta a los barrios".

El turismo hunde Venecia
Defienden también que el modelo barcelonés no quiere seguir el veneciano, que ahora precisamente se enfrenta al lobbie crucerista excavando en la laguna para que entren los mastodontes flotantes, expulsando a sus habitantes y convirtiendo a la Serenísima en un parque temático más dicharachero que Piqué a las seis de la madrugada.

Precisamente ahora  la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC acaba de pedir que se regule la actividad de los grupos de presión para evitar las injerencias sobre los reguladores de los poderes económicos  utilizando la opinión pública y recuerda que la UE ya tiene un registro con 12.000 lobistas registrados y se refirió a las "capturas indirectas" es decir, a través de la influencia de los agentes económicos en la opinión pública.

"Esta influencia puede tanto contribuir a enriquecer el debate como a oscurecerlo con medias verdades o falsedades", señaló José María Marín Quemada, el poco sospechoso presidente CNMC.