lunes, 7 de septiembre de 2015

Algarrobico, final de trayecto

La marña judicial se tiene que resolver este mes

La maraña judicial se tiene que resolver este mes


El buque insignia de ladrillazo, el pelotazo y la especulación se encuentra en un pueblo del Cabo de Gata, Carboneras, que una vez fue uno de los más pobres de España, poblado sólo con pescadores espartanos, que viene de esparto, y que hoy en día alberga una central hidroeléctrica, una cementera y un planta de tratamiento de aceites usados. Contaminación en estado puro.

Su modelo urbanístico, que de una pequeña aldea de pescadores pasó a ser un dédalo de apartamentos de veraneo que sube los cerros hasta que se pinchó la burbuja, tampoco ha sido ejemplar. El ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, andaluz por supuesto, dio licencia de obras a un mastodonte de más de 400 habitaciones en terrenos del parque natural, una joya geológica y paisajística, que resultó en un hotel monstruoso y que además superaba la línea de playa delimitada por la ley a 100 metros.
El modelo urbanístico de Carboneras en entredicho

El ayuntamiento cambió a una agrupación de independientes apoyada por el PP y optó por sostenella y no enmendalla. No solo era uno de los municpios más contaminados de España, también albergaba el mascarón de proa de los ladrilleros y los especuladores. En la última campaña electoral de las municipales que volvió a ganar, alborotó difundiendo el bulo de la creación de otra industria contaminante, una planta de reciclaje de plásticos de invernadero. Quedó en nada, pero el globo sonda estaba echado.

Este mes debe dilucidarse la madeja judicial de sentencias a favor y en contra de la demolición del Algarrobico. Algo que desde fuentes del Supremo encargado del caso, se ha calificado como "galimatías jurídico". Greenpeace que hizo bandera del caso, está segura que se va a derruir, aunque sea solo porque sobrepasa la Ley de Costas.

La Junta de Andalucía expropió la parcela, pero depende de la sentencia para ver si lo hizo ajustada a derecho.

Y la compañía que levantó el engendro, Azata, ha optado por la vía del medio, pedir 70 millones de indemnización con unos recursos presentados ante el Ayuntamiento de Carboneras por malfuncionamiento de las instituciones, Gobierno, Ayuntamiento y Junta. Demolerlo está tasado en 7,5 millones de euros.

Parece que las cartas están encima de la mesa y el desenlace tiene que producirse este mes. Una cosa es segura, nadie va a ir a la cárcel por invadir seis metros cuadrados de parque natural como la abuela de Tenerife con su casucha. Este mes habla la ley, la del embudo.